Sobreviviendo sobre vivienda

 

 

José Miguel Esquembre Menor, presidente de Arquitectos Sin Fronteras España

Mucho se habla sobre vivienda pero se avanza poco. La demanda es fuerte, quizás acuciada por la escasez, pero la oferta es débil, en especial para los que menos tienen. El tema está constantemente en la calle, y desde Arquitectos Sin Fronteras queremos aportar nuestro punto de vista con algunas propuestas, en un momento en las próximas elecciones municipales obligan a requerir a las distintas formaciones a que las promesas de campaña no sean un brindis al sol, sino que se materialicen en acciones beneficiosas para la ciudadanía.

 

Reconocemos que el tema es complejo y la solución no es fácil, sobre todo si pensamos en el vicio social de la especulación, deseo individual al que se ha apuntado la Administración en general a la vista de las inauguraciones electoralistas que promete. Nuestra legislación ha definido la responsabilidad en las soluciones repartiendo su cuota de más a menos, delegando en el último escalón, lo local y lo autonómico, la fase más complicada: la gestión. En cambio la Unión Europea apenas trata el tema y el Estado se preocupa fundamentalmente de la legislación y financiación.

 

Desde ASF somos conscientes de que es difícil cambiar las pautas sociales de la noche a la mañana, pero el momento actual debe ser una buena ocasión para avanzar. En primer lugar es capital un impulso del Desarrollo Sostenible. Todo el mundo está de acuerdo en que es la vía de nuestro futuro, pero pensamos que se explica poco lo que realmente quiere decir. La imagen dominante se centra en la protección de los recursos naturales, ahorro energético y tratamiento de residuos, pero se habla poco de su aspecto social. El Desarrollo Sostenible se articula sobre tres apoyos: economía, acción social y protección del medioambiente. Se analizan la economía y el medioambiente, pero los aspectos sociales se siguen considerando cuestiones caritativas no incluidas en la sostenibilidad. Es necesario que estos conceptos cambien hasta situar los tres apoyos en el mismo plano.

 

En segundo lugar queremos llamar la atención sobre  la venta de viviendas VPO usadas. El mercado de segunda mano es muy abundante y no se ve en él ningún anuncio de viviendas de dicho tipo cuando es seguro que se venden. Esto quiere decir que no se cotizan al precio oficial, sino que, es lógico pensar, se transfieren muy por encima del obligado. Sabemos que la Administración establece normas y cautelas, pero resultan parcas ante la presión y tentación que suponen la escandalosa diferencia económica entre la vivienda libre y la protegida. Pensamos que una VPO debe serlo durante toda su vida y, en la práctica, esto sólo puede lograrse con una intervención administrativa mucho más directa que garantice que el precio de venta es el que exige la ley. En otros ámbitos se está interviniendo más directamente, como es el caso de intermediación de alquileres. No hay razón objetiva para que no se actúe en el caso de las ventas.

 

 

Por otro lado, consideramos que las administraciones públicas no deberían en ningún caso financiarse con la recalificaciones de suelo, y que resulta imprescindible vigilar que las posibles recalificaciones y revisiones del planeamiento se hagan de acuerdo a un crecimiento racional y sostenible. Estos criterios urbanísticos deben impedir además la creación de guetos, evitando trasladar a las economías más débiles a las zonas más alejadas de la ciudad, con criterios claramente separatistas en lugar de integradores.

 

No puede ser, además, que las administraciones públicas y en gran manera las corporaciones locales, no empleen los aprovechamientos urbanísticos en intentar regular los precios de repercusión de suelo para las viviendas de Protección Oficial, al ser ellos mismos, los ayuntamientos, los que subastan el suelo al mejor postor por encima del valor de repercusión de suelo habitualmente admitido

 

Estamos viendo como el precio de la vivienda depende cada vez más del precio del suelo. Su repercusión supera ya el coste de la ejecución material de los edificios, lo que resulta a todas luces inadmisible. El coste del suelo no deja de ser un pago por adquirir el derecho a vivir en un determinado lugar. La cuestión se hace más sangrante cuando se comprueba que hay ciudades completamente vetadas para mucha gente, ciudades de las que presumimos por su calidad, pero que se van haciendo económicamente inhabitables. Cuanto mejor es el lugar, peor. El esfuerzo colectivo que supone hacer ciudad, deriva en unas plusvalías para unos pocos mientras que la mayoría queda perjudicada. Esta tremenda paradoja desvela un lamentable descuido o un desinterés mayúsculo de la Administración por la redistribución de los beneficios, y da la impresión de que las cosas se han ido decidiendo de una manera improvisada y parcheada, más propia de una tertulia de café que de un análisis global del problema.

 

Entrando en cuestiones económicas, queremos recordar las consecuencias sociales de que una masa tan ingente de dinero esté comprometida en la vivienda a corto, medio y largo plazo. Una persona hipotecada a tantos años se encuentra sumamente limitada en múltiples aspectos y especialmente deberá controlar sus discrepancias con su entorno diario si no quiere poner en riesgo su situación económica y con ello la seguridad familiar. Esta incómoda postura para muchos reporta a cambio seguridad a otros grupos sociales que buscan solvencia para su jubilación. Así las cosas, una generación está manteniendo a otra mediante la vivienda. De esto se habla poco y se analiza menos.

 

Por último queremos señalar que la legislación sobre vivienda se preocupa exclusivamente del que tiene algo, poco o mucho, y por tanto puede responder económicamente a los créditos en lo que inevitablemente se va a implicar. Para quien no tiene recursos, la vivienda pasa a ser un problema de asistencia social desatendido. Es necesario que haya por ley una reserva de viviendas para los más desfavorecidos, dispersa e integrada en la construcción general. Hay ya demasiadas experiencias negativas sobre viviendas colectivas que han derivado en guetos irresolubles. Su gestión será responsabilidad posterior de áreas sociales pero previamente las leyes de vivienda deben contemplar este problema y facilitar los medios para su solución. Se trata de un asunto complejo, pero asumible con voluntad política y coordinación, por lo que demandamos a las administraciones mayor interés del que hasta ahora han mostrado.